Nuestro cliente se enfrentaba inicialmente a una pena de hasta 365 días de cárcel por posesión de pornografía infantil. Tras exhaustivas negociaciones con el fiscal del distrito y una cuidadosa estrategia del caso, logramos una reducción significativa de la pena. Conseguimos una resolución que se limitaba a una breve pena de cárcel local junto con un período de arresto domiciliario.