El 7 de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó los argumentos orales en el caso Estados Unidos contra Rahimi. En este asunto están estudiando si el gobierno puede denegar el acceso a las armas a las personas sobre las que pesa una orden de protección contra la violencia doméstica.
Como todo el mundo sabe, la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ha sido interpretada para permitir a la gente poseer y portar armas de fuego. La Segunda Enmienda establece que “siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Sin embargo, en el asunto de 2008 District of Columbia v. Heller, el Tribunal Supremo sostuvo que la “Segunda Enmienda protege el derecho individual a poseer un arma de fuego no relacionada con el servicio en una milicia, y a usar esa arma para fines tradicionalmente lícitos, como la defensa propia dentro del hogar”. Dicho de otro modo, las palabras “Una milicia bien regulada, necesaria para la seguridad de un estado libre”, se han considerado irrelevantes para esta cuestión.
En 2022, el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó en el caso New York State Rifle v Bruen que el requisito del Estado de Nueva York para obtener una CCW1, basado en una necesidad demostrada, era inconstitucional. El caso versaba sobre la constitucionalidad de una ley de Nueva York que restringía el derecho a llevar un arma oculta en público. El Tribunal Supremo dictaminó que la ley era inconstitucional porque violó el derecho a portar armas de la Segunda Enmienda. A raíz de esta sentencia, California se convirtió en un estado de “expedición obligatoria”2 , lo que significa que si cumples los requisitos (edad, no tener antecedentes penales, etc.), el sheriff no puede denegar tu solicitud de CCW, incluso si no tienes una razón particular para querer llevar un arma, más allá de la defensa propia en general.
Como se ha señalado, siempre ha habido algunas excepciones a esta norma de poder poseer legalmente un arma de fuego, entre ellas la de ser objeto de una orden de alejamiento por violencia doméstica. En mi experiencia, no es difícil obtener una orden de alejamiento temporal. Si alguien hace una alegación de violencia doméstica, incluso si no hay alegación de uso de un arma de fuego, el tribunal, sin una audiencia, puede emitir una TRO – Orden de Restricción Temporal. Actualmente en California, eso ilegalizaría la posesión de un arma de fuego hasta la audiencia y la resolución del Juez sobre la emisión o no de la orden de alejamiento.
Una orden de alejamiento NO requiere que alguien sea condenado por un delito y tampoco permite que un jurado de sus iguales se pronuncie sobre esta cuestión. Por otro lado, es un 500% más probable que una mujer sea asesinada cuando su agresor tiene acceso a un arma.
¿Cómo hemos llegado a este lugar? La cuestión es el resultado de lo que se conoce como “norma originalista”. El originalismo es una filosofía jurisprudencial creada y abrazada por el movimiento jurídico conservador que dicta que la Constitución debe entenderse hoy como supuestamente la entendía el público cuando fue promulgada.
Cuando estudié Derecho, me enseñaron que la Constitución era un documento vivo que podía adaptarse a los cambios de la sociedad. Esta era la belleza de este documento. Que se aplicaba en el siglo XX con la misma facilidad que en el siglo XVIII. Que establecía principios que podíamos seguir. En el contexto de la Segunda Enmienda, nos permitiría considerar los tipos y la naturaleza de las armas disponibles en la actualidad frente a las normas que se establecieron en 1791, cuando todas las armas eran mosquetes de un solo disparo.
Pero, a medida que el Tribunal se ha ido haciendo más conservador, el pensamiento predominante de los jueces (y, por tanto, la ley del país) es que estamos limitados a las normas tal y como se entendían cuando nuestros tatarabuelos eran las únicas personas que podían votar, siempre que fueran terratenientes blancos. Resulta irónico que el principal impulsor de este movimiento sea Clarence Thomas. Como persona de ascendencia africana, no sólo no se le permitiría votar en 1791, sino que podría haberse encontrado al otro lado de la ley por estar casado con una mujer blanca y podría haber sido considerado “propiedad”.
Soy propietario de armas y lo he sido durante muchos años. Y a lo largo de los años he visto ex-novias y cónyuges utilizan las órdenes de alejamiento, no para protegerse, sino para castigar a su novio por algún mal percibido, obligándole a renunciar a sus armas. También he visto situaciones en las que la preocupación era muy real y estaba justificada.
En mi opinión, lo lógico sería que no hubiera una norma general sobre las órdenes de alejamiento y las OTR, sino que un juez tuviera que dictar una orden específica que, en esa situación concreta, impidiera a la persona poseer un arma de fuego. No creo que eso vaya a ocurrir, y es muy probable que el Tribunal Supremo retire esa opción de la mesa.